Campesinos de Soacha mantienen desobediencia civil por determinaciones arbitrarias de la Car

En desobediencia civil está la comunidad de la vereda San Jorge luego de que la CAR decretara la suspensión de la actividad agrícola en algunos predios debido a la presunta invasión de campesinos al páramo natural, sin embargo ellos se rehúsan a abandonar la única actividad que significa su sustento diario.


De acuerdo con algunos líderes comunales de la veredas San Jorge y Romeral, son más de 200 familias de campesinos que tradicionalmente desde hace más de 200 años y de generación en generación han optado por cultivar estas tierras para poder subsistir de la agricultura. Sin embargo, debido a una decisión de la CAR se les notificó el impedimento que tienen para seguir ejerciendo sus labores agrícolas en este sector debido al daño que presuntamente hacen en el páramo que se encuentra inmerso allí.

“Legalmente la desobediencia civil que se está planteando es porque tenemos que hacer caer en cuenta a las autoridades que no se puede estropear a la comunidad, ya que nosotros como personas también podemos frenar las leyes en Colombia, aquí no existe la expropiación. No es justo que en estos casos lo “atarzanen” a uno, no tenemos una vocería y además no nos dan una oportunidad para defendemos”, aseguró Orlando Bello, líder campesino de San Jorge.

Los campesinos expresan su inconformismo por la manera arbitraria como la CAR ha impuesto este tipo de restricciones a la comunidad para que no pueda explotar el territorio, sin embargo, el problema no es este, sino la desigualdad o parcialidad que la entidad tiene a favor de multinacionales como Trenaco, a quienes sí se les ha aprobado la licencia ambiental para que puedan practicar la minería en el mismo territorio.

“Grave por la sencilla razón que ya legalmente se nos están cortando los derechos, no nos dejan dialogar, si usted dialoga tiene que estar metido en la política, y el campesino nunca tiene herramientas para defenderse, así de sencillo y por eso es que están llegando a todos estos casos. Entonces lo que queremos es hacerle caer en cuenta a la misma administración y al mismo Estado que legalmente todas estas protestas que están pasando ya sea en Boyacá o donde sea, es porque el campesino ya está despertando y se siente acorralado”, prosiguió Orlando Bello.

Es por esta razón que la Dirección Bioambiental, en cabeza de su directora Esperanza Montoya, decidió ir hasta el Corregimiento Uno para atender algunas inquietudes que el sector campesino presenta frente a estos dos álgidos temas que se convierten lentamente en una bomba de tiempo para Soacha, ya que los habitantes del sector rural argumentan que se les está expulsando gradualmente de su territorio, obligándolos a desplazarse a los barrios de la zona urbana en donde las problemáticas sociales como la delincuencia, la drogadicción y la escasez de servicios públicos están a la orden del día.

“Hoy solamente venimos a escuchar a los campesinos de Soacha, a atender las inquietudes y el pronunciamiento que ellos tenían el día de hoy en su declaratoria de estado de desobediencia civil, pero también desde la administración municipal hemos venido a comunicarles lo que se ha adelantado frente al tema de la mina Caracolí y los pronunciamientos de la CAR respecto a las suspensiones de actividad agropecuaria en algunos predios de la vereda Romeral”, explicó Esperanza Montoya.

Respecto a la Mina Caracolí, la Directora solicitó la presencia de la Procuraduría General de la Nación para que revise las actuaciones de la CAR en el otorgamiento de la licencia ambiental entregada a quienes explotan la mina, esta recisión se apoya en parte en los soportes que la dirección Bioambiental ha entregado para demostrar la inviabilidad ambiental que tiene el municipio con la Mina Caracolí, de ahí que se espera que estas medidas sean la suspensión de la licencia o el cierre definitivo de la mina.

“Como bien lo hemos dicho, no podemos apoyar vías de hecho pero damos los elementos técnicos frente a los procesos que ellos adelantan y los informes que se requieran para sustentar por ejemplo una acción popular, el informe técnico es hecho por profesionales del área y tiene todo el fundamento que se requiera, apoyamos la protesta pacífica porque los campesinos y la administración municipal dicen no a la minería en la zona de producción agropecuaria de nuestro municipio”, concluyó la Directora de Gestión Bioambiental.

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