Colombia gasta 13 millones anuales por cada recluso
Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor población carcelaria. Actualmente hay 120.623 personas privadas de la libertad dentro de 138 centros penitenciarios en el territorio nacional, las cuales le cuestan a la Nación $1,5 billones al año, es decir por cada uno de los reclusos se pagan $13,1 millones al año.
El costo es alto, pues la cifra para el año es igual o superior al presupuesto destinado para 2014 a los organismos de control ($1,4 billones), el sector de comercio industria y turismo ($796.000 millones) o ambiente ($492.000 millones). Se debe tener en cuenta que la condición de los presos es precaria en salubridad y resocialización debido al hacinamiento que llega a 57,4%.
Después de Brasil y México, Colombia tiene el título del tercer país de la región con más personas tras las rejas, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios. Si la medición se hace por porcentaje de hacinamiento, el país ocupa el octavo lugar, luego de naciones como Venezuela, que encabeza la lista con 170%; Perú, 102%, o Brasil, con 67,9%.
El Gobierno destina $131.868 millones al mes para atender a la población carcelaria, de los cuales el mayor gasto es el de personal, que incluye a los encargados de la custodia y vigilancia de los centros de reclusión y la nómina administrativa, con $54.267 millones.
En segundo lugar, están los bienes y servicios que son contratados con terceros. Estas transferencias se ubican mensualmente en $37.968 millones y los mayores recursos se destinan a alimentación, con más de $28.000 millones. Esta cifra es equiparable al presupuesto para este año de todo el sector de ciencia y tecnología.
Para gastos generales, entre los que se incluyen los servicios públicos, mantenimiento, transporte de internos y la compra de bienes como muebles y enseres, se destinan $13.527 millones. El último rubro son los gastos para programas de ocupación laboral y atención a los reclusos, con $8.355 millones al mes.
El gran número de reclusos en Colombia, se debe, según el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, a tres razones fundamentales. Por un lado el “populismo punitivo, pues en el Congreso se piensa que mediante el incremento de penas se va a lograr combatir la criminalidad cuando esto ha resultado absolutamente inocuo”. En los últimos 14 años se han tramitado 37 reformas al código penal para incrementar las penas o para introducir nuevos delitos.
Francisco Bernate, penalista de la Universidad del Rosario, explicó que el problema de hacinamiento se viene presentando desde los años 90 y el aumento acelerado se empezó a dar desde 1995 con el Estatuto Anticorrupción. El punto de mayor evolución se dio desde 2006, cuando “se consolida el sistema penal acusatorio, que ha determinado los niveles escandalosos de hacinamiento actual”.
Precisamente este sistema desencadenó el segundo punto de la crisis carcelaria que es el abuso de la detención de presos sin condena. Según lo señala Samper, “esto tiene un impacto económico negativo, porque actualmente hay demandas por $39 billones puestas por personas que la Fiscalía pide que sean encarceladas mientras los judicializan y después son inocentes y denuncian al Estado”. En un principio, este sistema tenía como espíritu no privar de la libertad a una persona en tanto no fuera condenada; sin embargo, se hicieron reformas que cambiaron el paradigma para que las personas en un proceso judicial permanecieran en vigilancia preventiva.
“La aplicación de esta medida conlleva a que los generalmente escasos recursos del sistema penitenciario sean insuficientes para atender las necesidades de la creciente población reclusa”, señala el informe ‘Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los analistas coinciden en que este punto es causa fundamental de la crisis carcelaria, pues actualmente hay 37.052 personas que están en la cárcel sin condena, es decir, cerca de 40% de los presos. Si estos sindicados se mantuvieran fuera de los centros de reclusión, el Gobierno se ahorraría $40.506 millones mensuales por su manutención, además de ahorrarse las demandas.
El tercer punto es la falta de una política pública que guíe al sector. Ante la crisis, el Ministerio de Justicia está planteando soluciones para este año y cuenta con una inversión de $17.000 millones para nuevos cupos.
En definitiva, además de la infraestructura, es necesaria una política que cambie estructuralmente el sistema para disminuir el número de personas que están en las cárceles.
Buscan que más personas salgan del sistema
La diferencia entre el número de personas que entra y sale del sistema penitenciario es lo que tiene preocupado a las autoridades. El director del Inpec, brigadier general Saúl Torres Mojica, indicó que mientras en 2013 ingresaron a la cárcel 39.283 personas, solo salieron 36.174, es decir que alrededor de 3.000 se quedaron en los penales.
El viceministro Miguel Samper indicó que para solucionar la crisis habrá desde abril una política criminal “coherente”, se inyectarán recursos para aumentar el número de cupos, y se implementará el nuevo Código Penitenciario, con el que se permite que haya más detenidos domiciliarios, sin que esto implique peligro de fuga.
Fuente: Larepública.co
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