Detrimento patrimonial en Soacha por construcción de Palacio de Justicia

Miércoles 4 de julio de 2018




Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Consejo Superior de la Judicatura, elevó a detrimento patrimonial los $13.488 millones invertidos en el Palacio Judicial de Soacha, obra que se terminó sin el suministro de servicios públicos ni vías de acceso, motivos por los que no se ha podido poner al servicio de la comunidad.

En la auditoría se encontró que persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física, como lo prueba el hecho de que haya invertido $22.422 millones de pesos en la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Zipaquirá y Soacha (Cundinamarca) y hoy estas obras sean muestra de un completo desgreño administrativo.

En el caso de Soacha es tan delicada la situación, que la totalidad de los recursos invertidos ($13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial.

Lo delicado de Soacha es que las obras de la sede judicial ya fueron finalizadas, pero el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal, lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en el mediano plazo.

En cuanto a la sede judicial de Zipaquirá, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR, concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra.

Los dos hallazgos detectados en Soacha y Zipaquirá no solo comprometen los resultados esperados en la inversión de $22.421 millones, sino que afectan la posibilidad de que las comunidades de estos dos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin.

“Se trata de una situación que se convierte en un factor de riesgo para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, como es proveer servicios de justicia para la ciudadanía con oportunidad y eficacia”, finalizó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

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