Ecos de una denuncia

Lunes 9 de abril de 2018, por Ángel Humberto Tarquino




Durante los últimos meses se ha venido produciendo un hecho fuera de lo común en la política local de Suacha y cuyo escenario han sido las redes sociales. Me refiero a la denuncia que desde estos espacios se viene realizando con relación al presunto manejo irregular en la asignación de los contratos o “convenios” de los niños y niñas que no pueden ingresar al sistema educativo público municipal, y que se hizo más evidente con ocasión de la reciente campaña electoral al congreso de la república. El asunto es muy sencillo.

Algunos colegios privados han recibido de manera sistemática y preferencial contratación de “convenios educativos” durante los últimos años, en los que presuntamente han incurrido en irregularidades. Pero que se hayan tornado en recurrentes las denuncias sobre ellas en la adjudicación de dichos contratos sí que es bien grave.

Pero más grave es aún que esas presuntas irregularidades estén recayendo en instituciones educativas privadas de propiedad de algunos funcionarios públicos de elección popular, es decir de concejales, y hasta del mismo alcalde municipal, o en su defecto, de personas cercanas a sus círculos familiares y sociales con vínculos de consanguinidad que los involucrarían en inhabilidades faltas disciplinarias y hasta eventuales sanciones penales.

El asunto no deja de llamar la atención si no fuera porque adicionalmente quienes contratan, estarían presuntamente incurriendo en otras irregularidades que se están estableciendo en investigaciones independientes relacionadas con el incumplimiento de requisitos que la ley establece como de obligatorio cumplimiento para la adjudicación de los convenios. Me refiero al desempeño académico de las instituciones favorecidas con contratos en las pruebas saber, las características de la infraestructura relacionadas con la seguridad y su mejoramiento así como las condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes que trabajan en los establecimientos educativos que han recibido convenios.

El asunto reviste mayor gravedad porque además la adjudicación de dichos contratos ha permitido que algunos de esos propietarios se hayan convertido en verdaderos barones electorales del municipio gracias a la utilización de los “convenios” como estrategia para obtener el favor político de los padres de familia de los niños que son beneficiados con la asignación de dichos contratos.

Otro protuberante e irregular hecho relacionado con el tema educativo tiene que ver con la tendencia al monopolio de la contratación de los convenios por parte de algunas instituciones educativas en detrimento de otros establecimientos inscritos en el registro de oferentes como única opción para cubrir la secular incapacidad del Estado para atender la demanda escolar.

Aunque solo son algunos los líderes políticos los que están presuntamente incursos en diferentes tipos de irregularidades con el tema de los “convenios”, en esta ocasion se destaca el caso de la institución educativa Psicopedagógico Juan Pablo II que fue propiedad del del actual alcalde municipal Eleazar González y cuyas primeras dificultades se remontan a la época de su primera elección como concejal del municipio por el partido Cambio Radical y que podrían revelar sorpresas inesperadas.

El 24 de abril de 2006 el licenciado Eleazar González actuando en calidad de representante legal del Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II suscribió el contrato de prestación de servicios educativos N° 124 con el representante del municipio de Soacha Jesús Ochoa Sánchez quién para la época fungía como alcalde luego de su elección atípica. Casi seis meses más tarde, el 08 de septiembre de 2006 se radicó un “comunicado” ante la Secretaría de Educación del Municipio de Soacha con el número 7991 del Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II en el que su nueva representante legal Myriam Fabiola Villamil manifiesta que el licenciado Eleazar González Casas ya no era el representante legal de dicha institución educativa.

El día 17 de noviembre de 2006 el licenciado Eleazar González fungiendo nuevamente como representante del Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II (sin tener la representación claro esta), suscribió el otrosí de adición al contrato de prestación de servicios educativos número 124 de abril 24 de 2006. Curiosamente el otrosí de la adición del contrato en mencion visado por la secretaria de educación del municipio de la época Gloria Álvarez Tovar sin hacer objeción alguna a la representación legal que ya no acreditaba en ese momento el licenciado González.

Que de la anterior información no es difícil inferir que ese otrosí lo firmó el licenciado Eleazar González Casas sin tener para el día y la hora del acto la representación de la Institución como se refirió anteriormente. Surgen por tanto de estas actuaciones varios interrogantes que a la fecha no tienen respuesta.

¿Por qué el licenciado Eleazar González firmó el otrosí sin tener para la hora y día la representación de la institución Psicopedagógico Juan Pablo II? , ¿Por qué la Secretaria de educación de la época, doctora Gloria Álvarez Tovar visó el traspaso de la representación legal basada en un simple “comunicado” en lugar de haber sido hecho a través de una resolución formal y oficial de la Institución en mención?

Que basado en la anterior información, no se explica por qué el licenciado Eleazar González además se postulaba como candidato al concejo municipal a sabiendas que estaba inhabilitado en virtud de lo establecido en el artículo 55, numeral 2 de la ley 134 de 1994, en armonía el articulo 43 numeral 4 de la ley 134 de 1994 que "prohíbe ser concejal a quien haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inscripción y el artículo 40 numeral 3 de la ley 617 de 2000 que prevé que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal …quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal…”

Que los anteriores hechos fueron motivo de denuncia ante la Fiscalía General de la nación por el ex alcalde y ex sacerdote Jesús Ochoa Sánchez sin que a la fecha se sepa de resolución alguna del ente investigador al respecto.

ahtarquinogmail.com

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