El escándalo que suscita la construcción del nuevo hospital de Soacha

Viernes 24 de marzo de 2017




Hace dos años y tres meses la Alcaldía de Soacha protagonizó uno de los escándalos más recordados en el tema de la salud. Se trata de la adjudicación de la licitación para construir el nuevo hospital Mario Gaitán Yanguas, un dudoso proceso licitatorio por 47.738 millones de pesos que duró tan solo cinco días, y que hoy denuncia de nuevo la Contraloría de Cundinamarca.

El escándalo se suscitó específicamente por dos factores: el primero porque el proceso licitatorio se hizo en plenas festividades de fin de año y duró tan sólo cinco días hábiles (entre el 15 y el 22 de diciembre del 2014) y su adjudicación se hizo el 31 de diciembre al Consorcio CB 2014. El segundo factor es que sólo se presentó una firma, la cual resultó ganadora, pero con el agravante que goza de poca reputación y credibilidad debido a que una de sus firmas habría presentado como parte de su equipo, a profesionales de ingeniería y arquitectura que no tienen ninguna relación laboral con la empresa.

La responsabilidad de este escándalo recae directamente en la alcaldía de Soacha debido a que en agosto de 2014 el mandatario de ese entonces retomó de manera exclusiva la facultad que había delegado en sus secretarios para celebrar contratos y el 16 de octubre siguiente publicó el aviso de convocatoria a una licitación que debería terminar el primero de diciembre del mismo año.

Nadie se explica por qué en plenas festividades decembrinas de 2014 se abrió una licitación de semejante tamaño ($47.738´498.335), que se mantuviera abierta sólo cinco días hábiles, y más grave aún, que se adjudicara con sólo un proponente.

Al consorcio ganador se le critica que algunas de las firman presentan irregularidades y falta de experiencia. En un informe presentado por Caracol Radio el 3 de abril de 2015, se asegura que detrás del contrato figuran los nombres de algunos de los procesados por el más grande escándalo de corrupción en Bogotá.

Según el mismo informe, a la firma Cabar Construcciones S.A.S., propiedad de Luis Jorge Castellanos, le fueron reconocidos contratos que no ejecutó y que en realidad se trata de obras hechas por la Constructora Castell Camel, una empresa de su familia a la que él perteneció hasta el año 2011.

El nombre de Luis Jorge Castellanos figura dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría de Bogotá abrió por el detrimento que le causó a la ciudad el incumplimiento del contrato de construcción del CAMI de Chapinero, donde el anticipo de más de $145 millones de pesos fue utilizado para pagar insumos que no tenían que ver con la obra.

La otra firma es Construcciones Benavides Ingenieros Contratistas, de propiedad de José Guillermo Benavides, compadre de Julio Gómez, el contratista condenado a 10 años por el carrusel de la contratación de Bogotá.

Esta firma nació el 15 de abril de 2002 con un capital de $580 millones y tuvo sus mejores ingresos en 2009, cuando reportó más de $21.900 millones de pesos. Ha tenido contratos con la Secretaría de Integración Social, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, IDU, IDRD, Invías, Mindefensa, Mineducación, el Fondo Rotatorio de la Policía, la Caja de Vivienda Popular, entre otros.

La otra dueña de la empresa es Yasmín Rusinque Forero, madre de Iván Alirio Ramírez Rusinque, quien trabajó en junio de 2013 en la secretaría General de la alcaldía de Soacha y hasta febrero de 2015 en la secretaría de Educación de Bogotá, donde fue desvinculado luego de que quedara al descubierto que pese a trabajar en la división de Contratos, no hizo público el interés de su padrastro de participar en la licitación de tres megacolegios.

Para ese momento al secretario de Educación de Bogotá, Óscar González, ya le había llegado un anónimo relacionando el nombre de Ramírez Rusinque con “contratos complicados”, dijo una fuente.

Otro elemento del escándalo es que aparentemente una de las firmas que integran el consorcio ganador se presentó con empleados falsos. El diario El Tiempo, en su edición del 25 de marzo de 2015, aseguró que el ingeniero Leslie José Quintero Picón denunció ante la Personería y la Procuraduría, al ver que en la presentación de la propuesta la empresa Construcciones Benavides Ltda., que tiene 20 por ciento de la participación del consorcio, utilizó su nombre, cédula y matrícula profesional en un documento anexo adjunto en el Portal Único de Contratación (Secop).

Según documentos que conoció el mismo diario El Tiempo, Quintero trabajó para la constructora Abril, en Bogotá, a comienzos del año pasado y firmó un contrato por prestación de servicios con el ingeniero Gustavo Adolfo Torres, de Manizales, para trabajar como director de obra en la construcción de la seccional del Instituto de Medicina Legal en Caldas. El contrato tiene fecha del 5 de agosto y, según él, terminó en diciembre, cuando regresó a la capital para continuar con los estudios de su maestría.

Estas son sus pruebas para demostrar que no estuvo ni está vinculado con la firma Benavides. Quintero cuenta con experiencia en la construcción de hospitales y centros de salud, perfil que requería la firma para cumplir con los pliegos de la polémica licitación, criticada por otras firmas interesadas en participar, pero que no lo hicieron por las específicas exigencias de los prepliegos.

Lo cierto es que la Contraloría de Cundinamarca identificó graves problemas en la ejecución de la construcción de hospitales públicos, la contratación de médicos falsos, el pago de combustibles para tanquear vehículos particulares, obras inconclusas en varios municipios y hasta llamadas a líneas calientes.

El mismo contralor, Ricardo López Arévalo, aseguró que existen obras inconclusas en el departamento por más de $241 mil millones, y que el caso del hospital de Soacha es el hallazgo más delicado porque nunca se llevó a cabo la construcción.

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