El holocausto ambiental que también toca a Soacha

La minería ilegal es una manifestación criminal que no es nueva en el país pero que en los últimos diez años se ha disparado en el territorio nacional, causando un daño irreparable y masivo a las selvas, las montañas y los ríos de Colombia. Para el caso de Soacha, ha devastado parte de los cerros orientales del municipio.


Según el Ministerio del Medio Ambiente, la minería ilegal ha aumentado considerablemente en el último lustro en el país, debido a que esa actividad se transformó literalmente en una ‘mina de oro’ que nutre de dinero las arcas de organizaciones criminales, incluyendo grupos guerrilleros y bandas de delincuentes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Según un reportaje de la revista Semana, publicado el pasado 01 de abril, en 233 municipios de 24 departamentos del país se han detectado actividades de minería ilícita. El 60% corresponde a explotaciones de oro, 25% de coltán, 10% de carbón y 5% de tungsteno. Más de 90 ríos, entre ellos el Cauca y el Magdalena, han resultado contaminados producto de la explotación aurífera con materiales como el mercurio, impidiendo que el agua sea potable o que se puedan realizar actividades de pesca. En cerca de la mitad de esos municipios, la actividad de la minería ilegal está controlada por grupos como las FARC, el ELN y las Bacrim, y en algunas poblaciones hay presencia simultánea de los tres grupos.

Y para completar el tema, la rentabilidad del negocio es evidente. Mientras un kilo de cocaína cuesta alrededor de 4 millones de pesos, un kilo de oro ronda los 90 millones de pesos. Una mina pequeña en promedio puede producir a la semana una libra de oro cuyo valor comercial está en 32 millones de pesos. Esas ganancias explican por qué, aunque se realizan grandes inversiones en maquinaria para las explotaciones ilegales, rápidamente estas se recuperan.

Pero lo peor es que en Colombia la legislación es muy débil para este tema. “Si usted captura a una persona con el kilo de coca se va para la cárcel. Si captura a alguien con oro ilegal se va para la casa porque eso no está tipificado como delito. Es uno de los aspecto en que la ley es muy débil”, dijo a Semana el coronel Jorge Esguerra, jefe de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Dirección de Carabineros (Dicar).

Algo similar también ocurre con los capturados, que en su gran mayoría quedan libres a las pocas horas o días de ser arrestados, pues los delitos que se les imputan, como explotación ilícita de yacimiento o daño al medioambiente, contemplan penas muy bajas que no superan los cuatro años y que tienden a ser excarcelables. Esta no es la única ventaja que aprovechan los mineros ilegales y los grupos armados, y que ha contribuido al auge de esa actividad. El código minero no es claro en diferenciar la minería a gran escala de la informal o la artesanal. Esa falta de control y legislación también permite que mineros legales compren oro a los ilegales, lo que de paso se presta para actividades de lavado.

Y algo similar, aunque en menor proporción sucede en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Los cerros orientales y sur orientales de la ciudad están siendo devorados aceleradamente por la minería legal e ilegal, situación que sin duda ha generado contaminación ambiental, daño a la salud humana y deforestación desproporcionada.

Si bien es cierto en Soacha no se extrae oro, diariamente salen cientos de volquetas llenas de arena, gravilla, arcilla y otros materiales utilizados para la construcción de vías y la realización de ladrillo.

Según la directora de Gestión Bioambiental de la Alcaldía, Esperanza Montoya, en el municipio hay un total de 72 unidades de explotación minera, de las cuales 26 se encuentran activas y las otras llevan bastante tiempo sin actividad.

“De las 26 activas, de acuerdo a un cotejo de información que se hizo con la CAR, 19 de ellas cuentan con licencia ambiental vigente a la fecha, restando 7 unidades mineras que se encuentran en estado de ilegalidad”, agregó.

La alcaldía informó que para el año 2014 se realizaron 125 vistas de control y vigilancia a la actividad minera, obteniéndose una actualización y verificación en campo de la actividad y evidenciando que son 26 unidades de explotación minera las que se encuentran en actividad actualmente. Así mismo se evidencia el bajo nivel de implementación de los planes de manejo ambiental en la mayoría de las explotaciones, razón por la cual, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional – CAR y en el marco de la mesa de seguimiento, se adelantan los requerimientos respectivos.

A la fecha se han realizado tres cierres o suspensiones efectuadas por el Corregidor uno con acompañamiento de la Dirección Bioambiental, y dos cierres o suspensiones efectuadas por la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Delitos Ambientales. De tal manera que para las siete unidades mineras ilegales, aún presentes, están programados los operativos de suspensión de actividades en coordinación con la Corporación Autónoma Regional – CAR, para los meses de abril, mayo y junio del presente año.

Mesa de seguimiento a la minería

Con el firme propósito de continuar trabajando para evitar la minería ilegal en el municipio, se estableció el 4 de febrero de 2015, la Mesa de Seguimiento a la Minería, con el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria, los diferentes entes de control municipales y la Autoridad Ambiental – CAR, desde donde se realiza seguimiento puntual a cada una de las explotaciones mineras presentes en Soacha.

Finalmente se viene adelantando la campaña de sensibilización a los transportadores y compradores de materiales de construcción, para que adquieran dichos materiales en las unidades de explotación minera legales, así como el seguimiento a las constructoras presentes en el municipio, para que presenten certificación de compra de materiales en minas legales.

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