El negocio de los POT en Cundinamarca

Domingo 26 de marzo de 2017




La modificación del uso del suelo en municipios como La Calera, Chía, Soacha, Tocancipá, Madrid, Funza, Cota y otras poblaciones cerca de Bogotá, ha despertado la atención de las autoridades porque el valor de la tierra se incrementó hasta en un mil por ciento. Además hay denuncias del alcance de este lucrativo negocio, incluyendo el cobro de coimas y vacunas.

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Los Planes de Ordenamiento Territorial POT existen desde el año 2000, pero a partir de 2009 los municipios comenzaron a modificarlos para incorporar suelos rurales al perímetro urbano, arrojando como resultado un notable incremento en el valor de la tierra.

En condiciones normales, al modificar los POT se permite incorporar más tierras al suelo urbano para construir vivienda, industria o darle uso comercial, teniendo en cuenta que estas iniciativas suelen provenir de las alcaldías y los concejos municipales, con el aval de las corporaciones autónomas regionales, que en el caso de Cundinamarca, es la CAR.

Si bien el POT permite modificar el uso del suelo, lo que causa sospecha en los municipios que rodean a Bogotá, incluyendo a Soacha, es el incremento exagerado en el precio de la tierra. Para poner un ejemplo, una finca que por décadas funcionó para fines agropecuarios su precio era de 700 millones de pesos, pero al convertirse en suelo para urbanístico, comercial o industrial, su precio fácilmente se puede incrementar a unos 12 mil millones de pesos.

Pero detrás de ese incremento, las autoridades han descubierto intereses oscuros que incluyen amenazas y pago de coimas, para que el uso del suelo se voltee.

“Algunos concejales, alcaldes y otros funcionarios, en llave con privados, han construido una especie de mafia: cobran por ‘voltear tierras’. Se habla de cobros entre 10.000 y 12.000 pesos por metro cuadrado en zonas que pueden involucrar predios de decenas de hectáreas. Estamos hablando de miles de millones por un solo predio. Es muy grave y cada día recibimos más denuncias. No solamente es una nueva modalidad de corrupción, sino que por cuenta de favorecer intereses particulares se está generando un desarrollo inadecuado, sin garantizar servicios públicos y conectividad. La justicia tiene que atacar este nuevo y poderoso cartel de corrupción”, dice el senador Carlos Fernando Galán, quien desde el año pasado investiga y denuncia esta problemática.

Para las autoridades, lo delicado es que hay presión en dinero, traducido en sobornos, pago de comisiones y hasta amenazas para que los propietarios vendan los terrenos a constructores. Uno de los ejemplos lo narra el dueño de una finca ubicada en la sabana de Bogotá, quien denunció que el año pasado lo contactaron varias personas para proponerle que a cambio de 180 millones de pesos le modificaban el uso del suelo a su terreno, y que de 850 millones, pasaría a valer cerca de cuatro mil millones de pesos.

Otra de las modalidades de presión es el chantaje de funcionarios del Estado a los constructores, quienes a cambio de plata, les ofrecen agilizar las conexiones a servicios públicos, desarrollo vial y otros beneficios.

Los ejemplos de las irregularidades de este tipo rodean a la capital, ya que en municipios como La Calera, Chía, Soacha, Tocancipá, Madrid, Funza y Cota se han descubierto serias inconsistencias traducidas en urbanizaciones llenas de problemas, sobre todo cuando se construye en humedales y tierras inestables.

En Soacha, por ejemplo, hay múltiples denuncias de vender viviendas sin los servicios públicos básicos, daños a vías por parte de las constructoras, irregularidades en las zonas comunes y hasta grietas que amenazan la seguridad de quienes ocupan los inmuebles, sin que las autoridades se inmuten. (http://bit.ly/2ojxY38, http://bit.ly/2n6QE61, http://bit.ly/2nBQV47)

De hecho, el Departamento Nacional de Planeación sostuvo en un informe que por cuenta de las malas decisiones urbanísticas, el 52,5% de los habitantes citadinos del país viven en áreas con poca agua, el 60%de los municipios definió inadecuadamente su perímetro urbano y el 61% está erróneamente delimitado. Debido a la presión demográfica y a la escasez de tierra en la capital, la situación en la sabana de Bogotá es aún más delicada. En los últimos cinco años, los municipios cercanos a la ciudad han expandido sus cascos urbanos y han incorporado suelos para usos industriales o de vivienda, situación que va en contravía de un desarrollo sostenible y adecuado, porque trae miseria, pobreza y delincuencia a las ciudades.

Foto: archivo Periodismo Pùblico
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