Denuncian a constructora Bolívar por tapar vallados en zona de expansión

En los últimos días el veedor de servicios públicos de Chía, Rafael Jiménez, denunció ante el director de la CAR el taponamiento de vallados y la tala masiva de árboles en el sector de Mercedes de Calahorra, por parte de la constructora Bolívar, con el consentimiento, según afirma, de la Oficina del Medio Ambiente y Planeación Municipal.


Ante este hecho, el veedor le solicitó a la CAR su intervención al daño ambiental de la Zona de Expansión Urbana de Mercedes de Calahorra.

Jiménez le reclama a la CAR que tal y como quedó establecido en el acta de concertación del 26 y 31 de agosto de 2005 y 14 de febrero de 2006, sería la administración municipal quien desarrollaría la zona de expansión de Mercedes de Calahorra con la vigilancia permanente de la CAR, entidad que mantuvo un Silencio Administrativo entre 2006 y 2010, hasta cuando la comunidad interpuso dos Acciones de Tutela.

Lo que es más grave, afirma Rafael, es que después de una tercera tutela interpuesta por él a la CAR, por la falta de acción de la entidad ante lo que estaba sucediendo, la Corporación emitió el Auto No. 287 del 25 de febrero de 2013 y volvió asumir un total silencio, mientras la constructora, según el veedor, continúa destruyendo el medio ambiente con la complacencia de la Secretaria del Medio Ambiente, de Planeación Municipal y el silencio de los Concejales del municipio.

También le reclama a la CAR haber guardado silencio respecto a la violación del acuerdo 17 de 2000 (POT), Art. 3 la ley 388 de 1997, Decreto municipal 037 de 2006, y Decreto 066 de 2007, para desarrollar el proyecto de la «zona de expansión urbana de Mercedes de Calahorra», desconociendo las deplorables condiciones del alcantarillado y la falta absoluta de tratamiento a los vertimientos de aguas residuales.

Le reprochó a la CAR actuar como autoridad ambiental a posteriori, frente a los graves desastres ambientales y pretender que con una sanción arreglará todo el mal que está causando la Administración. Terminó recalcándole al director de la Corporación, el persistente desacato a la Acción Popular que le ordena a la CAR y a la Alcaldía de Chía solucionar los problemas ambientales generados por la planta PTAR 1, y acabar con los olores nauseabundos que expide la planta de tratamiento de aguas residuales. Ante lo anterior, y buscando darle solución al grave problema que soportan los habitantes de Chía, la juez del juzgado 4 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera, anunció una nueva audiencia para el 4 de julio de 2013, dándoles así una nueva oportunidad al alcalde de Chía y al director de la CAR, para presentar una propuesta seria, eficiente y definitiva de arreglo de la PTAR.

Fuente: el periodicodechia.com

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