Líder de empresa que asesoró Fases II y III de Transmilenio Soacha es investigado por irregularidades en SITP

Viernes 14 de abril de 2017




La empresa Hernández López y Asociados S.A.S. liderada por el ex viceministro Javier Hernández y contratada por la Gobernación de Cundinamarca, hizo parte de la estructuración de las Fases II y III de Transmilenio Soacha. Sin embargo, el ex viceministro es investigado por la Fiscalía porque desatendió recomendaciones de auditor de SITP autorizando propuestas inviables.

El objeto del contrato celebrado el pasado mes de diciembre de 2016 entre la Gobernación de Cundinamarca y la empresa Hernández López y Asociados S.A.S. es: “Asesoría para establecer actividades y acciones que permitan avanzar en la adopción y puesta en ejecución del proyecto Extensión de la Troncal NQS del sistema integrado de Transmilenio al municipio de Soacha, Fase II y III”.

Hernández, líder de este proyecto tiene una investigación por irregularidades en la estructuración del Proyecto del Sistema Integrado de Transporte (SITP). La Fiscalía empezó a indagar sobre el rol de Javier Hernández, quien desde la segunda administración de Antanas Mockus en Bogotá era muy cercano a los temas de movilidad. El 14 enero de 2011 el abogado de 41 años, que también trabajó como asesor de Luis Eduardo Garzón, firmó un contrato de $278 millones con la Alcaldía de Samuel Moreno, a través de la empresa Transmilenio, para convertirse en el gerente del SITP.

Además de estructurar lo que hoy se conoce como el SITP en Bogotá,Hernández estuvo a cargo de las negociaciones con el gremio de los transportadores. Asimismo, estuvo al frente del proceso de selección de los operadores que se encargarían de prestar el servicio de buses a los capitalinos durante las próximas dos décadas y del contratista que se encargaría de administrar el recaudo del sistema –es decir, de manejar el tema de las tarjetas inteligentes–. Por estos dos últimos temas, es que está enredado en la Fiscalía.

Lo que se conoce de la investigación es que el grupo que participó de la estructuración del contrato de operación del SITP desconoció un informe de auditoría que entregó la firma KPMG, que, en pocas palabras, rajaba las 53 propuestas que se presentaron. Para KPMG solo dos de los operadores cumplían las expectativas y el resto no tenían músculo financiero ni garantías de seriedad. Sin embargo, los altos funcionarios de la alcaldía obviaron esas recomendaciones, las pasaron de agache y decidieron dar vía libre a la licitación, en la que, según testigos de la Fiscalía, se entregaron coimas de $50 millones para asegurar una de las 13 zonas de operación.

A su vez, desde marzo de 2012 Javier Hernández dejó de trabajar para la administración Distrital. De ahí pasó al Ministerio de Transportes, luego a la ANI –donde, según él, nunca hizo parte del comité que evaluó el caso Odebrecht– es decir, ha seguido prestando asesorías en temas de movilidad y transporte público.

Frente al particular la Gobernación de Cundinamarca desde la Secretaría de Transporte y Movilidad realiza las siguiente precisiones:

1. El contrato referido tanto en su etapa precontractual como contractual cumplió estrictamente con la normatividad que regula la materia.( Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015).

2. La asesoría contratada fue prestada por profesionales especialistas en la materia, con amplia experiencia y reconocida idoneidad en temas de transporte, que acreditaron haber acompañado, asesorado, estructurado y liderado procesos similares, aun de mayor complejidad, en varias ciudades del país como Bogtà, Medellìn, Cali, Barranquilla, Cartagena.

Calidades por las que se encontró probada con suficiencia la capacidad y experticia necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

3. El Departamento, previo a la suscripción del contrato verificó los antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, sin encontrar condena o sanción que inhabilitara la firma del contrato. Resulta procedente indicar que a la fecha, consultadas las páginas oficiales no se evidenció registro de condena o sanción alguna.

4. El contrato se ejecutó y cumplió de acuerdo con las obligaciones pactadas.

Finalmente, vale agregar que el Departamento es respetuoso de las normas que rigen la contratación pública y en ese sentido aplica procesos estrictos de verificación de requisitos y estudios previos para cada uno de sus actos contractuales.

Jeimmy S. Villamil Buitrago
Secretaria de Transporte y Movilidad

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